La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) plantea una serie de desafíos y problemas significativos, tanto a nivel institucional como para su personal.
A nivel institucional:
Pérdida de capacidad estatal: La DNV, como organismo autárquico y rector del sistema vial, cumplía funciones críticas de planificación, proyección, construcción, mantenimiento y fiscalización de la red vial nacional. Su cierre implica la pérdida de la capacidad del Estado para planificar obras estratégicas basadas en las necesidades reales del país, priorizando en su lugar una lógica de mercado donde las inversiones podrían regirse por la rentabilidad en lugar de la necesidad social o la conectividad federal.
Riesgo de irregularidades y falta de control: Al disolverse un organismo con funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas, el Estado podría quedar desprotegido ante posibles irregularidades. Esto compromete la transparencia y el cumplimiento de las normativas en la gestión de la infraestructura vial.
Impacto en la infraestructura y seguridad vial: La desaparición de la DNV, con su estructura descentralizada y personal especializado en cada provincia, podría dejar miles de kilómetros de rutas nacionales sin el mantenimiento adecuado, afectando directamente la seguridad vial y la conectividad. Esto compromete la soberanía vial del país, ya que la capacidad de mantener y desarrollar su propia infraestructura se ve menoscabada.
Reasignación de funciones y posibles ineficiencias: Las funciones de la DNV se están reasignando a ministerios y nuevas agencias. Si bien se argumenta que esto podría generar ahorros y mayor eficiencia a través de la participación privada, existe la preocupación de que se genere una falta de planificación estatal, aumento de peajes y una menor capacidad de respuesta ante las necesidades de la red vial.
Para el personal:
Incertidumbre laboral y pérdida de empleo calificado: El cierre de la DNV genera una gran incertidumbre entre los miles de agentes que prestan servicio tanto en la Casa Central como en los distritos provinciales. Aunque se menciona que el personal mantendrá sus cargos hasta que se implementen las nuevas estructuras, la disolución de un organismo de esta magnitud inevitablemente conlleva la reasignación de personal, posibles despidos y la pérdida de trabajadores calificados con años de experiencia en el sector.
Desarticulación de equipos y experiencia: La estructura de la DNV se basaba en equipos especializados para cada función (planificación, mantenimiento, control de pesos y dimensiones, etc.). La desarticulación de estos equipos y la dispersión de su personal podrían significar una pérdida irreparable de conocimiento técnico y experiencia acumulada, lo que impactaría negativamente en la continuidad y calidad de las tareas viales.
Impacto en las economías locales: La presencia de la DNV en las provincias, con sus sedes distritales y campamentos operativos, generaba empleo y actividad económica en las regiones. El cierre de estas dependencias y la reducción de personal afectarían las economías locales, especialmente en aquellas áreas donde la DNV era una fuente importante de empleo público. En síntesis, si bien el gobierno argumenta que el cierre de la DNV busca optimizar el mantenimiento de las rutas con mayor participación del sector privado y generar ahorros, la decisión ha generado críticas y preocupación por el impacto en la planificación estratégica, la capacidad de control del Estado, la seguridad vial y el futuro de miles de trabajadores especializados en la infraestructura del país.
